domingo, 19 de diciembre de 2010

Alfonso Cano, vivo o muerto



Un suceso periodístico digno de mención fue una columna de Luis Eduardo Celis publicada en Semana.com, con un título más que provocador: “Eliminar a Alfonso Cano sería un grave error”. El viernes 17 de diciembre estuvo todo el día en el primer lugar como la más comentada (e insultada, por supuesto) y al día siguiente se mantuvo en el segundo, hasta que llegó el domingo y los columnistas de planta acapararon la atención.

http://www.semana.com/noticias-opinion/alfonso-cano-vivo-muerto/149241.aspx

La columna citada es además premonitoria, pues conduce a pensar que debe haber en marcha alguna gran operación rastrillo o cerco militar o lo que sea, que apuntaría a cobrar la cabeza del máximo jefe de las FARC; de modo que la citada columna sería un llamado para que, en la medida de lo posible, se le respete su vida. No se puede olvidar que Celis pertenece a la Corporación Arco Iris, la entidad no gubernamental mejor informada sobre el conflicto armado, y que ésta tiene entre sus objetivos contribuir al fortalecimiento de la paz. Es por eso que el título en cuestión podría entenderse como una serena advertencia al Estado, sí, pero a la vez como el ofrecimiento de una eventual intermediación, que se expresaría en extender una rama de olivo.


El problema –si es que es problema- es que en un ambiente de marcada polarización como el que todavía subsiste, al autor de ese texto decenas de personas lo acusaron de escribirlo desde el lado de la guerrilla, cuando en realidad fue escrito desde el lado de la paz, si se le mira con ojos no contaminados de ideología. Pero haber puesto a Nelson Mandela (quien padeció un prolongado cautiverio) en un predicamento similar al que hoy vive Cano (sometido al acoso obsesivo de la tropa) fue la piedra del escándalo, y lo que dio lugar a los más virulentos comentarios, donde no faltó incluso el que se preguntara “si muere el Sr. Saenz (alias Cano), ¿cómo se ganaría la vida el Sr. Celis?”


Lo que de ningún modo se puede negar es que la caída de Alfonso Cano –vivo o muerto- sería el más grande triunfo militar para el gobierno de Juan Manuel Santos, y dejaría a las FARC en un estado de desmoralización tal que podría conducirlas a su aniquilación como organización armada, aunque del modo que acertadamente lo vislumbra el vituperado columnista, o sea mediante la atomización de sus filas en pequeños y numerosos grupos armados dedicados a su propia subsistencia. En este contexto, el llamado que hace Celis es a conservar a Cano como futuro interlocutor de una paz negociada, en su condición de líder supremo de ese proyecto político subversivo.


Ahora bien, la principal dificultad para atender el llamado de Celis es que a esta altura del partido no hay cómo pedirles a las bombas que caigan en el campamento de Alfonso Cano, sí, pero no encima de él sino a un ladito, pues el Gobierno lo quiere vivo para preservarlo como futuro interlocutor en un diálogo hipotético. Se trata entonces de un llamado algo tardío, pues así Celis lograra convencer a Santos y éste ordenara que le trajeran vivo a Cano, ya en el terreno de las operaciones es una orden casi imposible de cumplir, pues se está es en guerra y allí la lucha es a muerte, sin contemplaciones.


Es aquí donde se hace obligatorio hablar de una correlación de fuerzas en la que las FARC llevan por ahora, y quizá para siempre, las de perder. Hubo un momento en que llevaron la delantera (por no decir las de ganar), durante los diálogos del Caguán, pero desaprovecharon la oportunidad dorada y engendraron en hegeliana dialéctica la semilla de su propia destrucción.


En este contexto, antes de entrar a considerar si sería o no un error eliminar a Alfonso Cano, el nodo del análisis debe ubicarse es en los errores tácticos y estratégicos que cometieron las FARC en la última década, porque que son en últimas esos errores los que tienen a su Comandante en jefe pagando escondederos a peso, como reza el refrán popular.


Se entiende de todos modos que haya sectores interesados en contribuir a salvarle la vida a Guillermo León Sáenz Vargas, su nombre de pila, en tratándose de un líder guerrillero exógeno desde su raíz a la original organización campesina armada, con una sólida formación académica –a diferencia de los otros ‘duros’-, perteneciente a una familia de clase media alta bogotana, hijo de una pedagoga y un agrónomo conservador laureanista, que bautizó a su hijo como Guillermo León en homenaje al ex Presidente Valencia, y se destacó desde muy joven por su interés intelectual y su obsesión por los libros de historia y política.


Visto desde la contraparte –que parece anunciar con claros clarines la inminencia de una nueva victoria militar-, lo que debe preguntarse Cano a sus 62 años es si no desmovilizarse a tiempo (mediante un enfático pronunciamiento a favor de la paz que incluyera por ejemplo la liberación de todos los secuestrados) pudiera constituirse en su más grave error. La realidad tozuda le indica que hoy su organización está debilitada como nunca antes lo estuvo, que el país entero le da la espalda a la lucha armada y que tiene detrás suyo a todo un ejército ávido de darle cacería, o más bien, de darle muerte.


En medio de tan azaroso trance, el balón está en el campo de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano: o lo patea y continúa la confrontación (y de paso se inmola por la causa), o lo toma entre sus manos y se acaba el juego.


sábado, 27 de noviembre de 2010

María del Pilar Hurtado y la cerradura del círculo


Le cabe toda razón a María del Pilar Hurtado cuando afirma que ella no pidió asilo a Panamá porque se creyera una perseguida política, sino para garantizar su seguridad personal. Es en el fondo el mismo motivo por el cual el tribunal de Estrasburgo negó la extradición de Yair Klein a Colombia: porque aquí no está asegurada su supervivencia física.

http://www.semana.com/noticias-opinion/maria-del-pilar-hurtado-cerradura-del-circulo/148125.aspx

Un país cuyas fuerzas oscuras han estado en capacidad de asesinar a Luis Carlos Galán en una plaza atiborrada de gente, a Carlos Pizarro en un avión en pleno vuelo, a Álvaro Gómez Hurtado frente a la universidad donde dictaba clases y a Jaime Garzón a menos de 500 metros del ministerio de Defensa, difícilmente estaría en condiciones (es lo que piensan afuera) de certificar que dos personas poseedoras de tan valiosa información puedan dormir y comer –sobre todo comer- tranquilos en el encierro de una celda.


En cualquiera de los dos casos caso, aquél que pereciera por atentado o porque ‘accidentalmente’ se cayera el helicóptero que lo traslada, se ganaría el más acertado de los epitafios: “sabía demasiado”. En el caso que nos ocupa, así fuera cierto que el propio Álvaro Uribe le ayudó a obtener el asilo en Panamá, aún no se ha contemplado la posibilidad de que la Hurtado no huyó tanto por evadir la justicia, como por escapársele a él. O mejor, a lo que él representa.


Ello explicaría en parte la presencia coincidente (sí, qué coincidencia ¿no?) de Uribe en Panamá entre el miércoles 24 y el viernes 26 de noviembre, quizá prestándole solidaria compañía en plan de fortalecerle la moral, para que calle ahora y calle para siempre. Es por ello que la visita que antes de huir le hiciera la ex directora del DAS a su ex ‘chuzado’ Daniel Coronell despierta algo más que curiosidad, pues mostraría un estado emocional en trance de eventual claudicación, considerando que su visita significa haberle puesto la cara –en acto de expiación, si se quiere- al mismo personaje que antes escuchaba de manera clandestina.


No se descarta entonces la hipótesis de que María del Pilar posee la prueba reina de las ‘chuzadas’, y en este contexto cobra especial interés dilucidar cómo un mando medio del sector público pudo ser catapultado a la dirección de la mismísima central de inteligencia de la Presidencia de la República en un tiempo récord. Estamos hablando de una abogada de los Andes especializada en Negociación y Relaciones Internacionales, nombrada secretaria general del Ministerio de Defensa en noviembre de 2003 por Jorge Alberto Uribe, donde según lasillavacia.com se convirtió en “la persona de confianza de un ministro de la entraña del Presidente”. Allí estuvo hasta septiembre de 2005, y en marzo de 2006 pasó a ocupar la subdirección del DAS durante la administración de Andrés Peñate, a quien reemplazó después de que él renunció porque “el sueldo no le alcanzaba para mantener su estilo de vida”.


Ya Uribe se había visto obligado a desprenderse de Jorge Noguera, de quien nunca se retractó de llamarlo “un buen muchacho” ni de haberlo ubicado en un cargo tan cercano a su trono. Luego del fugaz paso de Peñate, necesitaba (de nuevo) a alguien de su entera confianza, que no le fuera a renunciar cuando se enterara de minucias, como por ejemplo del poquito sueldo que le pagaban.


Es entonces cuando Uribe se inclina por María del Pilar Hurtado, a quien asciende a directora del DAS el 23 de agosto de 2007. Pero ella –a su vez- sólo le dura hasta el 23 de octubre de 2008, un año y dos meses exactos, cuando le renuncia (en acto que la ennoblece) en reconocimiento a la responsabilidad política que le cabía ante una denuncia de Gustavo Petro, quien mostró en el Congreso un documento en el que se daban órdenes internas para relacionarlo con un supuesto complot contra el gobierno.


No dudamos en sospechar que para una mujer acostumbrada desde la secretaría general del ministerio de Defensa a hacer cumplir la norma en complejas contrataciones, su renuncia debió haberle representado un verdadero alivio, en la medida en que las revelaciones conocidas dejan ver que, o se vio impelida –por no decir obligada- desde la Casa de Nariño a coordinar la “empresa criminal” de espionaje, o dio las órdenes por su propia cuenta.


Si hubiera ocurrido lo segundo, o sea que todo fue a espaldas de la Presidencia, la Hurtado habría sido el chivo expiatorio ideal para disipar la tormenta, descargando sobre ella toda la carga de la prueba. Pero ocurrió lo contrario, que fue el propio ex Presidente de Colombia quien acudió a su buen amigo y aliado Ricardo Martinelli para cobijarla de la justicia, y no contento con ello se manifestó a favor de que los demás acusados salieran también a buscar asilo internacional, y por primera vez dio pie para que su sucesor Juan Manuel Santos dejara de cuidarle la espalda y lo contradijera públicamente: “nadie puede sostener ante un tercer país que aquí no hay garantías”.


Quizá la situación no dé todavía para pensar que a Álvaro Uribe se le está cerrando el círculo, pero esas tímidas infidencias que María del Pilar Hurtado le soltó a Daniel Coronell (“un asilo no es posible sin contactos”, “al DAS le correspondía proteger la figura presidencial”) darían para pensar, en el más optimista de los escenarios, que un día de estos reventará su conciencia y... cantará.


A no ser, claro está, que la revienten antes.

jueves, 18 de noviembre de 2010

¿Quién le pone el cascabel al banco?


El 27 de agosto de 2010, apenas 20 días después de posesionado en la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos les dijo a los banqueros reunidos en Cartagena algo que a los oídos de los cuentahabientes colombianos sonó a dulce melodía: “hay que ver la forma de bajar los costos para que el cliente pueda tener una cuenta bancaria, o reducir los requisitos para entrar al sistema bancario”.

http://www.semana.com/noticias-opinion/quien-pone-cascabel-banco/147489.aspx


Un antecedente similar –de una voz gubernamental proponiendo una medida que en apariencia afectaría los intereses del poderoso gremio financiero- sólo se recuerda en noviembre de 2008, cuando el entonces ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, anunció la expedición de un decreto encaminado “a favorecer o abaratar los costos financieros para los sectores informales”. Pero no sólo el decreto nunca se expidió, sino que su verdadero propósito era ayudar a los banqueros a enfrentar la vorágine especulativa que se desató con el auge de pirámides como DMG o DRFE (una especie de sector financiero informal), que condujo a que muchos colombianos –miles, quizá millones- comenzaran a sacar sus dineros de las corporaciones para depositarlos en esas pirámides, engañados si se quiere, pero ante todo cansados de los abusos del sector financiero formal.


El resto de la historia se conoce: no habían pasado ocho días desde que el Minhacienda anunció el tal decreto de ‘ayuda’, cuando David Murcia Guzmán cometió el gravísimo error de meterse por La W Radio con uno de los hijos de Álvaro Uribe, de modo que éste aprovechó el ‘papayazo’ y lo defenestró, de tajo. De allí salió que DMG significaba David Menospreció a Goliat. Es sabido que la banca nacional quedó muy agradecida con tan quirúrgica capitis diminutio, en momentos en que un simple ‘igualado’ amenazaba con poner en jaque a la banca nacional. La prueba de su agradecimiento fue que el más poderoso de los poderosos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, se manifestó a partir de ahí entusiasta partidario de un tercer periodo para el presidente Uribe, sin una voz disidente en su gremio.


Es de caballeros abonarle a Santos el gesto intrépido que tuvo de pedirles a los dueños del dinero “bajar los costos”, sólo que lo hizo cuando ya los bancos han retomado el control y sus utilidades –las del último semestre, para no ir más lejos- bordean los cinco billones de pesos. O sea, cuando ya no necesitan ofrecer gabelas para evitar que sus clientes retiren el dinero. Ellos saben que hasta el más reticente también caerá, porque un día se verá obligado a abrir una cuenta de ‘ahorros’ (así tan sólo sea para disponer de una referencia bancaria) y ellos estarán allí, muy sonrientes –como en todas sus campañas publicitarias- para atenderlo.


Decir ‘ahorros’ es hoy un sofisma –por no decir una argucia-, porque fue el propio sector financiero el que acabó con el ahorro: el adelanto tecnológico de los cajeros automáticos y las tarjetas débito vino acompañado del cobro de la cuota de manejo, y no contentos con ella se inventaron que a la gente además había que quitarle una cantidad considerable de dinero cada vez que hiciera un transacción, llegando al aberrante extremo de cobrarle al pobre cuentahabiente por… ¡consignar dinero!


Es por ello que la intervención del presidente Santos ante los banqueros fue entendida como un mensaje esperanzador, a tal punto que más de uno creyó que por fin había aparecido el valiente adalid que se atrevía a ponerle el cascabel al gato, como en la fábula de Esopo. Pero el único que apuntó en esa dirección fue un representante a la Cámara que pescó en río agitado, el cordobés David Barguil (conservador, para más señas), quien presentó un proyecto de ley –que no pasará, y él lo sabe- “para que las entidades no se excedan en los cobros”. Por cierto, el único medio que se atrevió a publicar la información completa fue el blog ideasinversion.com, y la definió como “un nuevo intento para ponerles techo a las tarifas de servicios financieros”.


En este contexto meramente informativo, llama la atención que si se indaga por Barguil en Google sólo aparece un breve confidencial en semana.com, con fecha octubre 13 de 2010, que dice así: “Muy preocupados están los banqueros por una iniciativa legislativa que radicó el representante conservador a la Cámara David Barguil, que busca imponer (sic) tope a los costos de los servicios financieros. Según Barguil, no es justo que hoy el 70 por ciento de las utilidades del sistema provenga de los costos que les aplican los bancos a los usuarios por servicios como consultas por Internet, retiros o cuotas de manejo. Se trata de un reto interesante para el Congreso”.


Es posible que el autor de ese confidencial haya sido elegante con el Congreso al verlo frente a “un reto interesante”, pero no se descarta tampoco que riera a carcajadas mientras escribía eso, convencido –como lo está todo periodista bien informado- de que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja, antes que la Cámara de Representantes apruebe semejante ‘atentado’ contra los intereses de la todopoderosa banca nacional. Sea como fuere, le cabe toda razón al hasta ese día anónimo Barguil cuando dijo que “la razón de ser de estas entidades son los créditos, y por ello sus ingresos deben surgir de ahí y no de las transacciones que hacen los usuarios”.


Se presume de todos modos que la noticia alcanzó a filtrarse, porque todavía es factible encontrar personas de buen corazón desinformadas –o mal informadas, que es lo mismo- que creen que fue el gobierno Santos el autor del mentado proyecto de ley, y que no será sino cuestión de días para que “por fin” les pongan el tatequieto a esos abusos.


Pero no es el autor de estas líneas el llamado a bajarlos de esa nube: de eso se encargó con creces el propio Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, cuando en El Espectador del pasado 27 de octubre se declaró impotente para aminorar los costos de las tarifas, aduciendo que “la imposición de límites puede causar efectos contrarios a los deseados. Si se fijan mal, las entidades podrían dejar de prestar algún servicio”. (¿Y qué pasaría, preguntamos, si se fijan bien?).


No se trata aquí de saber quién tiene la razón, sino de comprobar que una declaración de este calibre no se espera de un funcionario llamado a ejercer control y vigilancia sobre los bancos, sino de quien tiene como tarea su defensa. De donde se concluye que "algo huele mal en Dinamarca", cuando hasta el propio representante de los ratones es llamado al orden y alineado con los intereses de los gatos.


martes, 26 de octubre de 2010

El director de EL GIRONÉS en El Espectador








Periodismo vergonzante en Santander


En un consultorio médico de Bucaramanga encontré en días pasados un artículo que constituye muestra antológica de periodismo vergonzante (El Frente, octubre 6 de 2010). Su titular a cuatro columnas dice a grito herido que “¡Alcalde de Floridablanca es víctima de una infamia!” (Ver reproducción). Se trata de una entrevista al abogado Abelardo de la Espriella, defensor de ese alcalde, Eulises Balcázar Navarro, quien está siendo juzgado –después de que en junio pasado la Fiscalía 319 de Bogotá halló méritos para formularle cargos- por el delito de acceso carnal violento en una joven de 23 años.

http://www.semana.com/noticias-opinion/periodismo-vergonzante-santander/146152.aspx

Según informa Vanguardia Liberal (junio 18 de 2010), “Balcázar Navarro debía pagarle a la abuela de la mujer vulnerada un favor político, y por esto la citó para ofrecerle un puesto como secretaria de un colegio. Luego de recogerla en una camioneta blanca, la víctima narró que fue llevada hasta una trocha cercana al casco urbano de Floridablanca y allí, presuntamente, fue violada”. La información agrega que “la defensa no ha podido demostrar dónde se encontraba el día en que sucedieron los hechos. Además, dentro del paquete de pruebas que tiene la Fiscalía, reposa un registro de llamadas hechas desde un celular del alcalde durante la fecha de lo ocurrido”.


Al margen de las pruebas que puedan inculparlo o de la presunción de inocencia a la que tiene derecho el acusado, lo interesante del caso que nos ocupa es la tendenciosa manipulación que el redactor –un tal Danilo Pérez- ejerce sobre la entrevista, donde en una introducción descaradamente exculpatoria suelta esta perla: “la perfidia humana ha dado para todo en Santander, inclusive para utilizar a la justicia como arma de persecución política, como se verá cuando termine esta pesadilla, que ha afectado seriamente la gobernabilidad del municipio de Floridablanca”. Que conste: esto no lo dice el abogado de la Espriella, ni siquiera el alcalde indiciado, sino ¡el entrevistador!


Y a continuación viene la primera pregunta, tan antológica como el titular: “¿Cómo debe interpretarse la decisión del juez, en relación con el proceso contra el doctor Eulises Balcázar Navarro (…), por el imaginario delito que le han montado sus enemigos en la sombra?” La “decisión del juez” hace referencia a que éste negó la solicitud de preclusión–sanción del caso que presentó el abogado defensor. En este contexto la entrevista podría entenderse no como un interés genuino de El Frente (periódico de filiación conservadora, el segundo en Santander después de Vanguardia Liberal) en hacerle seguimiento a una noticia de singular atractivo periodístico, sino como el resultado de la necesidad –por parte de la defensa- de mover opinión a favor de su cliente (“¡…víctima de una infamia!”), en un momento en que su situación tiende a complicarse.


La anterior afirmación se basa en que el entrevistador toma radical partido por los puntos de vista del abogado defensor, en lo que bien podría considerarse un publirreportaje judicial –de página entera-, con paga de por medio. ¿Paga para quién, para el periodista? Obvio que no, pues éste sólo desempeña el papel de idiota útil. La paga sería para el medio, por ser el que se presta para darle carácter de información periodística a lo que no deja de ser un vulgar ditirambo con aparente sustento jurídico, a favor de un presunto violador.


Busqué la entrevista en la página web de ese periódico (www.elfrente.com.co) para que pudiera ser leída en su totalidad –e incluso estudiada en las facultades de Comunicación: “lo que no se debe hacer en periodismo escrito”- pero no fue posible hallarla. El nombre Abelardo de la Espriella sí aparece en cuatro ocasiones, en la más reciente (octubre 11 de 2010) para informar que actúa también como apoderado de J.J. Rendón en una demanda de éste contra Lucho Garzón por injuria agravada, pero de la entrevista citada no hay rastro. El diccionario español Espasa Calpe define vergonzante como el “que tiene vergüenza, especialmente referido al que pide limosna con cierto disimulo”. Si la entrevista no figura allí, podría pensarse que quizá les habría dado vergüenza mostrarla por más tiempo, después de que la publicaron en el impreso.


En una de sus respuestas en defensa del alcalde de Floridablanca, el abogado de la Espriella asegura que “la política es una actividad absolutamente envilecedora, en donde se puede encontrar gente perversa, capaz de cualquier cosa”. Si usted hace el ejercicio de cambiar “la política” por “el periodismo”, entenderá qué fue lo que motivó esta columna.


DE REMATE: Otras dos preguntas de antología en esa entrevista:

“En su experiencia como penalista, ¿había conocido un caso similar de chantaje de esta naturaleza?” Y “¿Qué le aconsejaría (sic) a los títeres que se han prestado para semejante embeleco?”

Esta última, por cierto, actúa como bumerán contra los que la publicaron.

jorgegomezpinilla@yahoo.es

domingo, 26 de septiembre de 2010

La semilla del engendro


Terrible paradoja encierra descubrir que la misma organización que hace 50 años se armó para defender a un pueblo oprimido (FARC “Ejército del Pueblo” - EP), hoy languidece en medio del repudio de esos mismos cuyos intereses pretendía reivindicar. Doble paradoja, en últimas, pues en los estertores de tan ‘abnegada’ lucha descubren que con su accionar han obtenido exactamente lo contrario de lo que pretendían conquistar, como fue el fortalecimiento político, militar e ideológico de su enemigo, con la complacencia –y la complicidad, en muchos casos- de casi todos los sectores sociales, políticos, económicos y religiosos de Colombia.


http://www.semana.com/noticias-opinion/semilla-del-engendro/145199.aspx


La paradoja se resuelve cuando aparece una explicación, que para el caso que nos ocupa consiste en que las FARC están pagando cara, y en apariencia sin reversa, su propia estupidez. A ellas se les presentó en bandeja de plata la oportunidad de influir positiva y decididamente sobre los destinos nacionales, durante los diálogos del Caguán. Ahí, habrían podido quedarse con una parte del poder –quizá proporcional al territorio que controlaban- y luego, por la vía democrática, conquistar el poder restante. Pero no. Lo querían todo. Y a las malas, como vulgares matones de pueblo.


En este contexto, el 20 de febrero de 2002 marca el comienzo del fin para las FARC. Ese día, integrantes de la columna Teófilo Forero abordaron un avión en el que viajaba el senador Jorge Gechem, hicieron aterrizar la aeronave en una carretera y se lo llevaron. Esa misma noche el gobierno de Andrés Pastrana, acorralado, dio por terminadas las negociaciones, y al día siguiente Íngrid Betancourt cayó ingenuamente –o por un error de cálculo, que es lo mismo- en un retén post ruptura, y desde ese momento las FARC se ensañaron con la más abominable de sus formas de lucha (el secuestro indiscriminado de civiles o militares, lo que cayera), sin ser conscientes de que con esa práctica le estaban dando la razón a Carlos Marx cuando dijo que “todo sistema engendra la semilla de su propia destrucción”.


Esa semilla tiene nombre, y es Álvaro Uribe Vélez, con todo lo que se vino detrás de él. Las FARC rompieron con Pastrana convencidas de que sus cautivos serían valiosa posesión para doblegar al siguiente gobierno y forzarlo a lo que cínicamente llamaban el canje humanitario, sin prever que estaban ayudando a elegir al menos humanitario de los presidentes –pero con un prestigio arrasador-, al mando de un proyecto de derecha que (consecuente con la ferocidad y despiadada arrogancia de las FARC) hizo habitual, justificable y hasta plausible la práctica del “todo vale”, con tal de acabar con ellos.


En este terreno, sobresalieron las alianzas que con los más importantes capos del paramilitarismo estableció una numerosa cauda de políticos ligados al proyecto uribista, todo dentro del ‘sano’ propósito de derrotar a la subversión. Pero hubo allí una perversa coincidencia de intereses, porque a la par que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hacían ciertos trabajos ‘sucios’ para una parte de la oficialidad, y a punta de fusil les ponían votos a sus aliados en lo político, esperaban a cambio limpiar sus nombres ante la justicia y legalizar las riquezas –producto del narcotráfico- y tierras de las que se apoderaron, en su muy particular estilo de ‘copar territorio’.


Son muchos los interrogantes que suscita este amargo periodo de nuestra historia, y uno de ellos se relaciona con tratar de desentrañar si hubo alguien (o algunos cerebros grises, de los que habló Carlos Castaño en Mi confesión) a la cabeza de ese proyecto antisubversivo, o si más bien se debe hablar por un lado de unos grupos por fuera de la ley que un día decidieron desmovilizarse y contribuir a la paz nacional, y por otro de un Estado firme en su institucionalidad, aunque dispuesto a acogerlos en su seno mediante una generosa ley de Justicia y Paz.


Sea como fuere, el enfrentamiento entre las FARC y el gobierno de Álvaro Uribe fue una de tantas demostraciones palpables de que los extremos se juntan. Hoy el mundo entero le reconoce a éste los aciertos de su Seguridad Democrática, del mismo modo que lo acompañó desde un principio en el señalamiento a esa organización como grupo terrorista, pero ese mismo mundo se le vendría encima si se descubre que para enfrentar el terrorismo de la ultraizquierda, su gobierno acudió por ejemplo a prácticas de ultraderecha, como lo serían la ejecución -“casi sistemática”, según la ONU- de más de 2.000 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate; o la altísima tasa de desaparecidos, como nunca antes la hubo en Colombia; o la persecución abierta –a punta de micrófono- y soterrada a sus opositores; o el espionaje telefónico indiscriminado, del que al parecer no se salvaron ni Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa, ni el hoy ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ni la honorable Corte Suprema de Justicia.


En esta perspectiva, la buena nueva de la muerte del ‘Mono Jojoy’ no se traduce en que deban avalarse –y menos ocultarse- los posibles crímenes cometidos en el otro extremo. Es cierto que un expediente como el de las ‘chuzadas’ del DAS ya toca a las puertas de la Casa de Nari (no la de Nariño, que hoy regenta Santos), pero lo más revelador de la trama sigue siendo el nombramiento que justo al comienzo de su primer gobierno hizo el presidente Uribe de Jorge Noguera en la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que en la práctica era su propia central de inteligencia.


Cuando en febrero de 2006 la revista Semana destapó la olla podrida de las relaciones de Noguera con alias ‘Jorge 40’ (que incluían desde el préstamo del vehículo presidencial para que el hombre ‘chicaneara’ por los pueblos de Córdoba, hasta la ejecución de asesinatos en diferentes ciudades de la costa Caribe), Uribe intentó defenderlo enviándolo de cónsul a Milán, Italia. Luego Noguera fue llamado a juicio y puesto preso, pero aún no se ha escuchado de su ex jefe inmediato que se haya retractado de llamarlo “un buen muchacho”, ni de haberlo nombrado en tan sensible cargo, y mucho menos se ha sabido que le haya ofrecido a la justicia atestiguar en su contra.


Lo anterior conduce entonces a pensar que quizá Carlos Marx tendría razón de nuevo, pues del mismo modo que las FARC habrían engendrado en Álvaro Uribe la semilla de su propia destrucción, éste a su vez pudo haber sembrado en un engendro como Jorge Noguera (o María del Pilar Hurtado, incluso) la semilla de su respectiva hecatombe.


Es apenas comprensible, por tanto, el interés que al final de su Gobierno puso el hoy ex presidente Uribe en que la Corte Suprema eligiera un Fiscal General de su resorte. Porque conoce como ninguno la verdadera trama de esta historia, y quiere escapar a su dialéctica.


jorgegomezpinilla@yahoo.es


lunes, 6 de septiembre de 2010

Serpa, ¿contra su propia reelección?


De los 24 gobernadores y más de mil alcaldes que hay en Colombia, sólo uno se ha manifestado contrario al proyecto que acaba de presentar el gobierno de Juan Manuel Santos a la Cámara de Representantes para permitir la reelección de estos. Esa voz que clama en medio de una multitud silenciosa es la de Horacio Serpa, gobernador de Santander, a quien lo primero que llamó su atención –en columna para El Nuevo Siglo- fue que el proyecto en mientes lo hubieran presentado “cuando el país no cesa de recibir noticias de los despachos judiciales y de los organismos de control por los desafueros cometidos en el fallido proceso de aprobación de la segunda reelección del ex Presidente Uribe”.

http://www.semana.com/noticias-opinion/serpa-contra-su-propia-reeleccion/144134.aspx

Los argumentos del Gobierno están sustentados en darles equidad a las políticas nacionales y locales, pues “se evidencia desigualdad entre lo que contempla la reelección presidencial, y la ausencia de ésta en los alcaldes y gobernadores”. De todos modos, es innegable la utilidad política que para un gobierno en ciernes representa tener alcaldes y gobernadores a favor suyo (en parte por haberles ‘ferrocarrileado’ la aprobación de su virtual reelección), pero es precisamente en ese escenario donde le cabe razón a Serpa cuando advierte sobre los peligros que para la institucionalidad representa no ya uno, sino centenares de potenciales apetitos reelectorales desbocados.

Ahora bien, hay quienes dicen que a los políticos no hay que creerles, y en el caso de Serpa basan su argumentación en que ya ha dado marcha atrás en temas álgidos, como cuando después de haber sido el más férreo opositor de Álvaro Uribe –tanto en campaña como al comienzo del primer gobierno de éste- le recibió la embajada ante la OEA en Washington, por los tiempos en que por cierto el propio Uribe se oponía a la reelección. Pero hay razones para pensar que ahora no lo cobija un cálculo egoísta (se dice que en aquella ocasión pensó fue en la conveniencia para sus hijos), y una de ellas sería la contundencia con la que se expresa, al decir por ejemplo que “perpetuar en el poder a unos pocos es un portazo a la paz”, una afirmación de la que es difícil desmontarse luego.

Lo riesgoso de tan ‘altruista’ comportamiento es que al negarse a su propia reelección, Serpa deja su bien cimentada obra de gobierno –algo que hasta sus opositores le reconocen- en manos de una rebatiña de políticos a cual más interesados en hacerse a la piñata de los puestos y los presupuestos de un departamento cada día más próspero, en la que ya han comenzado a hacer fila desde su actual secretario del Interior, Luis Fernando Cote Peña (próximo a renunciar para no inhabilitarse), pasando por el alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza (muy cercano al uribismo), y rematando con la sombra impenitente de Hugo Heliodoro Aguilar, del Movimiento Convergencia Ciudadana (el mismo de Luis Alberto Gil Castillo, hoy preso por parapolítica), para mencionar sólo tres posibles vertientes de sucesión.

A sabiendas de que Horacio Serpa es un habilidoso estratega que no da puntada sin dedal (y quizá de allí provenga su segundo apellido, Uribe), la única explicación de tan arriesgada faena es que guarda algún as bajo la manga, el cual le permitiría dejar el cargo en quien él quisiera, no en manos del albur. Resuelta esta encrucijada, la siguiente incógnita a resolver gira en torno a cuáles serían sus planes para el 2012 y venideros, pues si hay algo seguro es que no dedicará las tardes a jugar parqués con su amada Rosita, ni a echarles maíz a las palomas en el parque García Rovira de Bucaramanga. Es aquí donde quizá cobra sentido el eslogan de su administración, “Haciendo país”, como indicativo de que si ocupó la Gobernación de Santander no fue para eternizarse en ese puesto, sino para que todos vieran que sí estaba –o mejor, está- en condiciones de regentar el solio que se le negó en tres ocasiones consecutivas.

Es factible entonces deducir que con su enfática renuncia a una eventual reelección como gobernador, Horacio Serpa Uribe no deja de mirar a lo alto, cada vez más alto. Es lo propio, diríase, de un espíritu batallador como el suyo. Y baste con concluir diciendo que está –o mejor, sigue- en todo su derecho, y que se le aplaude su osadía.

lunes, 2 de agosto de 2010

Lina en abstracto y en concreto


Fue tal la dicha que a Lina Moreno de Uribe le produjo la inminente partida de la Casa de Nariño, que nos dejó de despedida un emotivo mensaje, impregnado de ternura y poesía, donde para nada aparece la nostalgia por el abandono del poder. Muy al contrario, con expresiones como “mi trasteo se ha transformado en un alegre ritual de gratitud”, o “empaco todas estas fibras de humanidad en la caja de mi corazón”, trasluce el alborozo de regresar al estado de feliz ciudadana anónima, filósofa y literata, para más señas.

http://www.semana.com/noticias-opinion/lina-abstracto-concreto/142524.aspx

De Lina dice la revista Semana que “la sencillez es su modo de vida”, y que “expresa sus opiniones con tanta franqueza y liberalidad, que una vez Uribe le preguntó si ella era miembro de la oposición”. Esto último es tan cierto que, si hicieran una encuesta entre los más enconados opositores de su marido, una cifra superior al 90 por ciento aparecería como simpatizante o incluso admiradora de la ya casi ex Primera Dama.

Hablando precisamente de su independencia intelectual, esculqué entre revistas viejas en busca de una columna que recordaba haber leído, escrita por ella para la revista Diners, donde le hablaba a Pablo para que entendiera Pedro. Y la encontré: tiene fecha octubre de 2007, se titula “La piedad y el Poder” (sic), y su lectura permite entrever que la propiedad de expresarse en abstracto no era exclusiva del Presidente de Colombia. Según fuentes bien informadas de la época, la columnista acogía allí los ruegos que le hacían familiares de secuestrados por las FARC, para que abogara ante “Uribe” –como ella misma acostumbra llamarlo- por su liberación.

Hablamos de un texto de impecable factura que, asiéndose al pretexto filosófico de reflexionar sobre Antígona (“esa muchacha griega que por amor a su hermano quebranta las leyes de la ciudad”), nos sumergía en la búsqueda de referencias a dolorosos episodios nacionales. La exposición del relato parte de una tragedia: la muerte que en medio de la batalla se propinan dos hermanos, uno defendiendo a Tebas y otro atacándola. Lina no señala culpas, sino que expone: “Para el que ha muerto defendiendo la ciudad, el nuevo gobernante decreta honores (…); y para el que murió atacándola, el desierto, la entrega de su cadáver a los animales de rapiña, el olvido”.

No se requiere curso de detective para asemejar dicha trama al conflicto que hoy se sigue librando entre colombianos, unos a favor de derrocar un sistema que juzgan injusto, y otros acudiendo a cuanto esté a su alcance para impedirlo. Según la autora de tan intrigante reflexión, la lucha se libra entre “héroes trágicos masculinos, seres que han excedido los límites de lo humano”, y su pedido es una manifiesta invocación a la piedad, entendida ésta como “un acto de justicia”.

Hay una intención semántica que desde el título se expresa en femenino, con una “piedad” en minúscula y un “Poder” en masculina grafía, y ya entrada en materia apunta a que este último –el Poder- no es un problema teórico, sino que depende también “del carácter de quienes lo ejercen”. Del mismo modo que Sófocles el dramaturgo necesita de una figura femenina para resolver la confrontación entre el poder público y un amor filial, Lina la ensayista acude al mismo recurso, cuando así interroga: “¿Qué paradoja es ésta en la que un asunto claramente político, es decir a primera vista muy masculino, se resuelve por medio de una figura femenina?”

Si aludía a otra Piedad (Córdoba) –entonces mediadora ante las FARC con el aval de la Presidencia- no nos concierne, aunque tampoco se excluye. Pero sí permite escuchar con claridad a una mujer que reclamaba “piedad para ese ser cuya naturaleza está hecha de padecer”, en un símil que muy posiblemente aludía a los secuestrados por la guerrilla.

El reclamo lo hacía una mujer culta y sensible, forzada a ser ecuánime y a no alzar la voz, pues obraba su condición de cónyuge de un gobernante a cuyo ejercicio escapó cualquier consideración de piedad, ni con su enemigo ni con las víctimas de éste. Lina era consciente de una estructura de Poder que no se dejaba transformar con cantaletas, pero no por ello se amilanaba, sino que afirmaba su desacuerdo con unas valoraciones que según ella “dan al hombre una superioridad sobre la mujer”.

Pese a que se trataba de una invocación a la compasión humana (dirigida sin duda alguna a su señor esposo), la columna citada no tuvo ninguna repercusión en otros medios, cual si hubiera sido escrita por una mano fantasma o, más factible aun, se hubiera dado la orden de silenciarla. Sea como fuere, allí se expresaba en mítica extrapolación una Lina Moreno de Uribe fraternal, muy femenina, compasiva y valiente, mediante un texto ubicado en una dimensión si se quiere ‘abstracta’ del conflicto, pero ante todo humana, demasiado humana.

Habremos de extrañar a esa Lina que cuando escribía nos ponía a desentrañar las claves de lo que dijo, por un lado, y de lo que quiso decir con lo que no dijo, por otro. De todos modos, la nueva Lina –liberada por fin de las cadenas del poder que detentaba (aunque rara vez ejercía)- desde la semana entrante regresa al mundo de los que ya pueden hablar en concreto.

viernes, 23 de julio de 2010

Urge el voto obligatorio



Parecen sanas las intenciones que abriga el proyecto de Unidad Nacional de Juan Manuel Santos, y los nombramientos que hasta ahora ha hecho apuntan en esa dirección. En particular el del ministerio de Agricultura para Juan Camilo Restrepo, acérrimo opositor del programa Agro Ingreso Seguro que tanto defiende Álvaro Uribe. Ahora bien, a riesgo de que se nos tome de aguafiestas, no se puede desconocer que tan ambiciosa empresa política no las tiene todas consigue en cuanto a representatividad, como matemáticamente se deja probar:

http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/urge-voto-obligatorio/142173.aspx

De acuerdo con el último Censo Electoral, 29’530.415 es el número de colombianos aptos para votar, y 9’004.221 fueron las personas que depositaron su voto por el candidato que, hoy elegido, pretende armonizar con todos los sectores. Esos nueve millones y piquito de votos corresponden a la más alta votación que hasta ahora ha habido por candidato alguno en Colombia, es cierto. Pero si miramos el otro lado de la moneda, encontramos que esa cifra corresponde a sólo el 30,5 por ciento de votantes potenciales. Esto significa que 20’526.194 ciudadanos –y ciudadanas, para no pecar de machistas- habilitados (y habilitadas, uf…) para ejercer su derecho al sufragio no votaron por Juan Manuel Santos, o se abstuvieron de hacerlo por cualquier candidato. El 69,5 por ciento del censo electoral, para ser exactos.

Este porcentaje cobija al 51 por ciento de personas que religiosamente en cada elección practican el abstencionismo: esa masa de ciudadanos indolentes para quienes no votar constituye una auténtica virtud, porque sencillamente no les interesa la política. Lo cual en realidad es una auténtica idiotez, como ya dijimos en columna anterior, donde juzgábamos a los abstencionistas como los verdaderos idiotas útiles de la corrupción reinante.

El meollo de la discusión radica entonces en que los abstencionistas constituyen la primera fuerza política del país, en una proporción de la mitad más uno contra los que sí votamos. Ellos siembran la semilla de la ilegitimidad en cada voto que no se deja contar a favor –o en contra- de alguien o de algo, porque incluso les da pereza decidirse por el voto en blanco, que tanto recomendó Saramago en su Ensayo sobre la lucidez. Pero no les importa, quizá porque son mayoría.

Es aquí donde la solución podría consistir en imponer el voto obligatorio, algo que visto en esos términos suena antidemocrático, pero que se suaviza al ver que se trata simple y llanamente de derrotar la abstención por decreto. Una democracia es más actuante cuando se sustenta en la libertad del individuo para votar o abstenerse de hacerlo, es cierto, pero la nuestra es una democracia imperfecta (imperfectísima, para perfeccionar la idea), en la que la abstención es patente de corso para los que alegan no sentirse representados por políticos elegidos con menos de la mitad de los votos potenciales.

El voto obligatorio terminaría por taparles la boca a los violentos, porque sólo así se sabría a ciencia cierta qué es lo que la mayoría quiere, y “cuando el pueblo habla, hasta Dios calla”. Si los ciudadanos tienen el deber de pagar impuestos, también deberían tenerlo para votar y expresar su real voluntad y su real elección. Un voto obligatorio no a perpetuidad, sino hasta que se consoliden formas de participación política más representativas y atractivas para el grueso de la población.

Hay quienes dicen que el voto obligatorio nunca será aprobado, porque la aprobación tendría que provenir precisamente de los políticos a quienes no les conviene, en la medida en que sus votos están ‘amarrados’ a prácticas clientelistas que desaparecerían si se expresaran las verdaderas mayorías, no las que resultan de una tercera parte de los votantes. El único gobernante que en los últimos 20 años se atrevió a proponerlo fue Horacio Serpa Uribe, siendo el ministro de Gobierno de Ernesto Samper, cuando dijo que “el Ejecutivo es partidario de analizar más a fondo la posibilidad de instaurar en Colombia el voto obligatorio”, y agregó que “no operaría como una estrategia coercitiva para que los ciudadanos participen más de los debates electorales, sino como una forma pedagógica y temporal de adentrarnos en la cultura de la participación”.

En su momento, políticos como él –aunque con menos votos que Serpa- rechazaron la idea con planteamientos como que “la propuesta es irrelevante” (Luis Guillermo Giraldo), “resulta improcedente establecer obligaciones de imposible cumplimiento” (Enrique Gómez Hurtado), o “la abstención es una forma de protesta que no es necesario eliminar” (Carlos Corssi Otálora).

De cualquier modo, si yo fuera Juan Manuel Santos no esperaría a que los Verdes se me adelantaran a proponer el voto obligatorio, en parte por aquello de que “el que pega primero pega dos veces”, pero sobre todo porque la única manera de llevar a buen puerto el proyecto de Unidad Nacional es contando con las mayorías reales, no con las ficticias.

Si en su condición de cerebral jugador de póker Santos decidiera correr el riesgo de apostar sus restos en una elección con voto obligatorio (por ejemplo para la que viene de alcaldes y gobernadores), y al final de la jornada resultara que más de la mitad más uno de los colombianos aprobó su gestión al respaldar sus candidatos, tendría el camino abierto para hacerse reelegir sin que tener que recurrir a prácticas que –si la fe no nos abandona- podrían estar condenadas a desaparecer, como la de coger la Constitución a las patadas para hacer colar determinado articulito.

Por todo lo anterior, urge el voto obligatorio.

jorgegomezpinilla@yahoo.es

lunes, 5 de julio de 2010

Uribe y los bogotanos

Es tan cierto que Álvaro Uribe se lanzará a la Alcaldía de Bogotá apenas deje la Presidencia, como también lo es que no la tiene del todo asegurada. Hay personas que creen lo contrario, entre ellas el oscuro (porque viste de negro, ojo) J.J. Rendón, quien dijo que “si él quiere, nadie le gana”. Pero Uribe podría estar cometiendo un grave error político, como cuando en el referendo de 2003 se le advirtió, se le recomendó, pero no hizo caso. Ahora bien, no se descarta que Rendón le esté 'recetando' precisamente lo que no le conviene, en su condición de asesor de Juan Manuel Santos…

http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/uribe-bogotanos/141339.aspx

De cualquier modo, no debe extrañar que un antioqueño de pura cepa pretenda hacerse al mando de la capital de Colombia, pues está en su derecho democrático. Si no lo estuviera, ya se les habría cerrado el paso a los de origen lituano, por ejemplo. Lo que sí causa extrañeza –y subida de tono- es que pretenda ganarse el favor de aquellos a quienes ha fustigado con dureza verbal en repetidas ocasiones, al extremo de haber motivado en la muy uribista María Isabel Rueda una columna titulada “¿Por qué Uribe odia a los bogotanos?”, donde se expresaba en estos términos: “Que Uribe gobierne con los paisas, está bien. Pero que no insulte a los bogotanos cada vez que puede”. Por cierto, ella ya anunció que a Uribe en versión alcalde no le jala, quizá para sacarse la espinita.

De todas las cosas que el aún Presidente ha dicho de los bogotanos (¿y bogotanas?), hay tres que demandan atención: la primera, cuando habló –al menos en dos ocasiones- de “sepulcros blanqueados”; la segunda, donde afirmó que la dosis personal la defendía “la socialbacanería bogotana que se mete a consumir coca a los baños"; y la tercera, en la que se refirió a ese "circulito de amigos sociales de Bogotá que dirigen unos medios de comunicación y se la pasan cuestionando al hombre de la periferia".

La primera de las acusaciones no es nueva, pues coincide con la visión que gentes de otras partes tienen sobre los bogotanos, a quienes unos juzgan como solapados o taimados, y otros con santandereana franqueza como hipócritas, al punto de definir a Bogotá como la capital mundial de la hipocresía. (En Vivir para contarla, García Márquez dice que “los distinguíamos por sus ínfulas de emisarios de la Divina Providencia”). Así que en esto, alguna razón podría caberle a Uribe.

En torno a la segunda imputación, es sabido que el hombre tiene una pelea casada con la socialbacanería nacional, sólo que la bogotana no le huele a simpatía con la guerrilla, sino a droga. Pero es el tercer señalamiento el que reviste especial interés, porque habla de “ese circulito de amigos sociales de Bogotá que dirigen unos medios de comunicación”, a sabiendas de que él trajo o atrajo a su círculo de poder a dos bogotanísimos primos copropietarios de medios, el vicepresidente Francisco Santos primero y luego a quien nombró su ministro de Defensa, Juan Manuel.

¿Acaso su vindicta pro periférica y anti altiplánica se refería a otros, no a este par? Pues si la cosa es así y el círculo en realidad es “circulito”, sería muy fácil identificar a quiénes aludía con sólo exceptuar a los citados. Pero eso no ocurre, misteriosamente.

Por lo mismo y tanto, si hiciéramos un ejercicio mental –no exento de picardía- y asumiéramos que en efecto Uribe se refería a esos dos Santos (y de pronto a un tercero), cobraría sentido la infidencia que por allá en 2007 soltó el Presidente, cuando dijo que su hoy vicepresidente había llegado a la campaña no a pedirle empleo, sino ese puesto. Y hasta donde sabemos, ni el primero se retractó ni el segundo lo ha desmentido. Sea como fuere, la conveniencia siempre ha sido mutua, pues a Uribe también le sirvió abrirse espacio en los conventículos de esa oligarquía bogotana que tanta desconfianza le produce.

Vistas las cosas desde este ángulo, se debería concluir que Uribe no trajo ni atrajo a ‘Pachito’ a su redil, sino que éste se le habría metido al rancho. Y si perseveramos en el mismo esquema hipotético-analítico, Juan Manuel Santos sería la comprobación de que al que no quiere caldo se le dan dos tazas, pues es sabido que después del hundimiento de la segunda reelección Uribe confiaba –ahí sí- en dejar en las ‘buenas’ manos de su coterráneo y discípulo predilecto Andrés Felipe Arias la sucesión de su mandato, hasta que el escándalo de Agro Ingreso Seguro se le convirtió en la cuota inicial de su propia hecatombe, que le abrió las compuertas del poder a un bogotano de espíritu colaborador y maneras (iba a decir marrullas) exquisitas, pero quien podría terminar, según dicen reputadas malas lenguas, por traicionarlo.

Lo anterior explicaría entonces por qué Uribe tendría tanto interés en ser el próximo alcalde de Bogotá: en parte porque no puede abandonar su pregonada “vocación de servicio”, pero en parte significativamente mayor por razones de supervivencia.

Para rematar, el motivo por el cual no tiene del todo asegurada la alcaldía, es el mismo que hoy le sirve de lección política: porque como se escucha en algunas regiones de Colombia, sobre todo en la costa Caribe, “en los bogotanos no se puede confiar”.

Y si no nos creen pregúntenle a Juan Lozano, quien ocho días antes de la elección para Alcalde ganaba en todas las encuestas.

lunes, 28 de junio de 2010

Barrer para afuera


No acostumbro el uso de la primera persona en una columna periodística. Considero que asumir el análisis político como un asunto personal nos hace perder el punto de mira. Además, suena pedante. Pero la ocasión obliga, porque debo hablar de alguien que hasta hace unos días me caía mal (en realidad muy mal), pero que de un tiempo para acá viene mostrando una sospechosa independencia de su antecesor, cual si luciera empecinado en lograr que todos los que antes de la elección no lo queríamos para nada, hoy cambiemos de idea.

http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/barrer-para-afuera/141077.aspx

Las sorpresas comenzaron desde la noche del 20 de junio, ante lo que Semana definió como “un triunfo limpio y contundente”, cuando pronunció un discurso centrado en la paz (así la palabra esté en desuso), donde dijo que “llegó la hora de la unidad nacional” y en consonancia afirmó –dirigiéndose a Antanas Mockus- que “no renunciaré a que usted y sus coequiperos nos acompañen a trabajar por una Colombia unida”, y a que “juntos mantengamos en alto sus banderas” (transparencia, legalidad, respeto a la vida).

La siguiente sorpresa fue cuando invitó a Gustavo Petro a su sede de campaña, en respuesta a una carta que éste le dirigió para discutir sobre tres temas: tierra, agua y víctimas. Este encuentro es de importancia capital, primero porque demostraría que el llamado a la unidad nacional que hizo Santos no es de dientes para afuera, y segundo porque debe tener a Álvaro Uribe en profundas cavilaciones, en la medida en que muestra a su ‘polluelo’ (el mismo que le iba a cuidar sus huevitos) en tratos con un personaje que mandó a muchos de sus aliados políticos a la cárcel, y a quien el Presidente nunca bajó de “guerrillero vestido de civil”.

Si a la anterior le sumamos la reunión que con ánimo conciliatorio sostuvo el Presidente electo con los presidentes de las altas cortes, y los nombramientos –más técnicos que políticos- que anunció antes de viajar a Europa, y la cálida acogida que le brindó a Germán Vargas Lleras el mismo día en que Uribe lo criticó en una reunión con su bancada, no queda opción distinta a afirmar que el nuevo Presidente parece avanzar en el camino correcto, y en tal sentido es de caballeros reconocer la positiva transformación que en él viene obrando –a partir de su triunfo, específicamente- y que auguraría buenos vientos para la democracia.

Hoy la pregunta del millón ya no es la que le hicieron a Antanas Mockus sobre cuánto debería ganar un médico, sino cómo habrán de desenvolverse las relaciones entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos a partir del 7 de agosto. La respuesta es crucial, pues si bien es cierto que Uribe no saldrá por la puerta de atrás (sino revestido incluso de una aureola de victoria), también lo es que se lleva en coletazo una seguidilla de escándalos, que habrán de amargarle buena parte del tiempo que quisiera dedicarle al reposo.

Contrario a Ernesto Samper, que casi no pudo gobernar por andar a la defensiva y cuya entrega del poder debió representarle un alivio supremo, la verdadera defensa de Uribe empezará a darse después de su partida.

Es aquí entonces donde se convierte en enigma lo que haría Santos si –para mencionar sólo uno de casi una decena de casos- se reabre el proceso contra Santiago Uribe Vélez, hermano del Presidente, con base en las contundentes pruebas que el mayor (r) Juan Carlos Meneses acaba de aportar a la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Argentina, según reveló un informe especial de Noticias Uno del domingo 27 de junio, que incluyó fragmentos de grabaciones incriminatorias y que sólo tuvo tímida repercusión en Semana.com, y en ningún otro medio.

Lo cierto, de todos modos, es que a pesar de las sorpresivas muestras de independencia que Juan Manuel Santos viene dando, todavía no es fácil colegir el papel que éste jugaría ante una eventual acusación de algún tribunal (nacional o internacional) contra el próximo ex Presidente: ¿respaldo incondicional a Uribe? ¿Apoyo institucional a la justicia? Sea como fuere, si llega a la Casa de Nariño a aplicar el refrán según el cual “escoba nueva barre bien”, quedaría por resolver si barrerá para afuera, o para adentro.

Y no es por pretender influir en el asunto, pero hay quienes dicen que barrer para adentro trae mala suerte.

jorgegomezpinilla@yahoo.es

domingo, 13 de junio de 2010

Llegó el Comandante y mandó a callar


Hubo una declaración reciente del Comandante de las Fuerzas Militares que podría entenderse como una insubordinación contra el Presidente de la República, pero que misteriosamente no tuvo ninguna repercusión en los medios. Se dio el pasado viernes 11 de junio en horas de la mañana, cuando el general Freddy Padilla de León consideró –en realidad sentenció- "muy peligroso pretender abrir procesos y revertir decisiones judiciales del pasado", en respuesta a la alocución presidencial de la noche anterior, que comenzó así: “el Gobierno y las Fuerzas Armadas recuerdan que el Holocausto de la Justicia, ocurrido hace 25 años, fue un delito de lesa humanidad cometido por la alianza perversa entre el narcotráfico y una de las guerrillas de la época”.

http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/llego-comandante-mando-callar/140401.aspx

En contravía al presidente Uribe, Padilla de León manifestó que la sentencia de la jueza María Stella Jara (contra el coronel Alfonso Plazas, por la salvaje retoma del Palacio) “debe ser acatada”. A continuación recordó que "al M-19 se le indultó y ello ha resultado benéfico, porque se incorporó a la sociedad colombiana", y remató con que el proceso de paz con esa guerrilla "es un ejemplo de lo que tienen que hacer los grupos armados".

Cuando el Presidente calificó lo ocurrido en el Palacio de Justicia como “delito de lesa humanidad”, se entendió como una invitación a revisar el indulto que se le dio al M-19, pues los crímenes de lesa humanidad no prescriben. De modo que las palabras de Padilla de León entraban en abierta contradicción con las de su jefe, y es lo que nos permite hablar de insubordinación.

Lo sorprendente de la jornada fue que en lugar de producirse la fulminante destitución del Comandante de las Fuerzas Militares, el Comandante en Jefe agachó la cerviz y esa misma tarde reconoció que "el proceso de paz con el M-19 fue un paso muy importante para Colombia. Ese proceso lo tenemos que proteger". Ello indicaría entonces que en menos de 24 horas el presidente Uribe le dio un reversazo de 180 grados a su apreciación sobre un mismo tema, como resultado del ‘tatequieto’ impuesto por un subordinado suyo…

En este contexto, adquiere especial significado la renuncia a su cargo del general Padilla. Una renuncia si se quiere simbólica o para sentar un precedente, en la medida en que fue presentada para hacerse efectiva desde el 7 de agosto, o sea a partir del día en que Álvaro Uribe deja de ser su superior jerárquico. Se dirá que es hilar delgado, pero es aquí donde cogen fuerza las versiones que indican que el destape de los ‘falsos positivos’ –con la consecuente destitución de 27 oficiales del Ejército, entre ellos tres generales- lo pudo llevar a cabo Juan Manuel Santos como ministro de Defensa porque contó con el apoyo firme del general Freddy Padilla, contrariando los designios tanto del presidente Uribe como de su protegido el general Mario Montoya, hasta ese día comandante del Ejército.

Pese a que en la noche de la alocución citada (“el Gobierno y las Fuerzas Armadas recuerdan que el Holocausto de la Justicia…”, etc.) al Presidente lo rodeaba toda la cúpula, quedó demostrado que no había el tal monolítico consenso, en la medida en que al día siguiente, ya mediando respetuosa distancia física, llegó el Comandante de las Fuerzas Militares y mandó a callar. Hablando de monolitos, diríase entonces que en la actual jerarquía de mando se advierte una fisura (por no decir grieta) en torno al tratamiento jurídico que vienen recibiendo los militares, donde por un lado estaría el presidente Uribe con sus incendiarias declaraciones contra los jueces y su vertical respaldo a los acusados, y por otro el general Freddy Padilla de León con su perentorio llamado a respetar –y acatar- las decisiones de la justicia.

En estas condiciones, al próximo Presidente de Colombia (o sea Juan Manuel Santos, si esta vez no se equivocan las encuestas) le correspondería designar en el Ministerio de la Defensa Nacional a alguien con la autoridad requerida para ponerle el cascabel al gato de ese malestar ‘general’. Considerando que Santos sabe apreciar a quienes ya en momentos de crisis le han aportado soluciones, juzgamos pertinente formularle esta inquietud:

¿Si no es Padilla, quién?

Podría pensarse incluso que la precoz renuncia a la comandancia hubiese sido concertada entre ambos (Santos y Padilla), con un doble propósito: que el general no se inhabilite para pasar a ocupar el ministerio, y que el nuevo Presidente no tenga que nombrar en el cargo a un militar en ejercicio, sino ya vestido de civil. Pero eso sí es hilar demasiado finito…