miércoles, 27 de enero de 2010

Acusetas en acción


Aunque suene políticamente incorrecto decirlo, convertir a un numeroso grupo de jóvenes de Medellín en informantes a sueldo de la Fuerza Pública es una medida de claro corte fascista. En defensa de lo indefensable, Uribe declaró desde Davos (Suiza) que “el derecho a la vida lo tenemos que defender todos”. Declaración en esencia militarista, pues asume que los jóvenes deben incluso arriesgar sus vidas para proteger el derecho a la vida de los demás, cual si ya formaran parte de las filas del Ejército. Porque en la práctica, de eso se trata: de incorporarlos a la Inteligencia Militar desde los lugares donde viven o estudian, a cambio de una suma exigua de dinero. Una chichigua, diría Lucho Garzón.


Lo que acaba de hacer Uribe tiene además un trasfondo perverso, pues lanzó una carnada para atraer precisamente a aquellos jóvenes que en las barriadas en conflicto tienen la información que los organismos de seguridad necesitan. Se ha abierto si se quiere una bolsa de empleo, en la que todo joven que sea apto para asumir el cargo se convertirá a los ojos del criminal en un posible delator. Por extensión, la medida no sólo convierte a esos muchachos en objeto de eventuales retaliaciones, sino a la juventud misma, pues a partir de la puesta en marcha de tan brillante idea todo joven –al menos en esas zonas calientes- será un sospechoso en potencia.


En el campo de las reacciones se destacan la del ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo -quien lo consideró “un error garrafal”- y la del precandidato conservador a la Presidencia, José Galat, para quien "convertir a los estudiantes en acusetas no es lo más digno para el estudiante. Yo los respetaría. No los convertiría en acusadores”. Pero tiene razón el ministro de Defensa, Gabriel Silva, cuando dice que el asunto “no tiene reversa”, porque ya se regó la bola, de modo que el joven que esté necesitado de una platica y tenga alguna información, va a querer venderla.


La ex ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez corrió a auxiliar al gobierno por donde primero se le ocurrió, diciendo que la medida contribuirá a que los jóvenes se alejen del consumo de drogas. No se entiende cómo puede esto ocurrir cuando, por el contrario, esa platica les ayudaría a incentivar la compra. ¿O será que más bien les dará por invertir los cien mil pesos en una microempresa?


Porque, no nos llamemos a engaños, la propuesta no va tanto dirigida a universitarios (así Uribe diga que el requisito es que sean “estudiantes”), como a eso muchachos que viven en las calles por donde circula el crimen, dispuestos –ellos sí- a arriesgarse a soltar una información que les puede costar sus vidas, a cambio de algunos billetes.


Como en las películas de Al Capone, “todo hombre tiene su precio”. El de esos mil jóvenes de Medellín que en pocos días serán enlistados como informantes, ya lo conocemos: cien mil pesos mensuales.

El complot continúa


Los asesinatos del político Álvaro Gómez Hurtado y el del periodista y humorista Jaime Garzón tienen tres cosas en común: que desde el principio se intentó desviar la investigación, que contaron con apoyo mafioso, y que en torno a la autoría intelectual aún falta por develar el papel que habrían jugado militares de alto rango. En el caso de Garzón la desviación corrió por cuenta del DAS, mientras en el de Gómez Hurtado una investigación de la Fiscalía apuntó a la Brigada XX de Inteligencia, que luego de este suceso fue disuelta por el Ejército Nacional.


Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, y desde ese día han sido dos las hipótesis que se han tejido para tratar de entender el crimen: que fue un plan de los enemigos del presidente Ernesto Samper Pizano para desestabilizarlo, o que fue un plan de Samper contra sus enemigos, para neutralizarlos. Las recientes declaraciones de alias ‘Rasguño’ en las que acusa a Samper y a Horacio Serpa –su entonces ministro del Interior- de instigar el asesinato del líder conservador, se inscriben en la segunda hipótesis. Pero adolecen de liviandad, primero porque son un refrito (eso mismo ya se lo había dicho en 2007 al periodista Juan Carlos Giraldo: que “fue un favor del narcotráfico para ayudar a políticos”) y segundo porque en su testimonio –el de antes y el de ahora- no hay evidencia alguna para probar que Samper mandó matar a Gómez.


http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/complot-continua/133988.aspx


Eso mismo piensa la bien informada columnista María Isabel Rueda –acérrima contradictora del ex Presidente liberal durante el Proceso 8.000- quien en su columna de Semana en agosto de 2007 (edición 1318) afirmó que si bien Samper “sabía que el dinero de los narcos había entrado a su campaña”, eso le daba la autoridad para decir que, “en cambio, no creo que haya tenido nada que ver con el asesinato de Álvaro Gómez”.


Según Rueda, en tesis que aquí acojo, “siempre he creído (…) que un crimen de Estado acabó con la vida de Álvaro Gómez, entendiendo por ello la posibilidad de que miembros de las Fuerzas Armadas, aliados muy probablemente con el narcotráfico del Valle, y sin conocimiento de Samper, hubieran planeado y efectuado el magnicidio”.


Lo que no contó la columnista fue que su deducción tenía como asidero un juicioso informe presentado por Semana hace nueve años, en noviembre de 1998, titulado El Complot (edición 861), donde la revista reunió las fichas del rompecabezas del magnicidio y reveló un documento con los detalles de un intento de golpe de Estado a Samper. El documento – hallado en la residencia de un militar en servicio activo- consistía en “una especie de plan de vuelo en el cual estaban consignadas las motivaciones y el itinerario de la primera etapa del golpe”, proyecto éste que habrían tenido que abortar, por la falta de apoyo del gobierno de Estados Unidos.


Hay voces documentadas que afirman que los golpistas habrían compartido con Álvaro Gómez sus planes, que incluían ponerlo a presidir una junta cívico-militar de transición, y que cuando éste se negó a secundarlos tuvieron que prescindir de él, porque “sabía demasiado”. Sea como fuere, según Semana “los investigadores del caso detectaron que al menos en tres oportunidades el comandante de la Brigada XX de Inteligencia, coronel Bernardo Ruiz Silva, “trató de desviar la investigación y para ello intentó demostrar que quienes cometieron el magnicidio fueron algunos miembros de las milicias bolivarianas de las Farc en la comuna nororiental de Medellín”.


Es sabido que tres años después del crimen, la Fiscalía ordenó el arresto del coronel (y de otros implicados), bajo el cargo de ser el autor intelectual, aunque, según Semana, “es improbable que el comandante de la Brigada de Inteligencia -que a pesar de su importancia era un hombre que tenía numerosos jefes por encima- haya tomado por su cuenta la decisión de acabar con uno de los hombres más influyentes del país”. La misma revista esperaba, con infundado entusiasmo, “que con la captura de Ruiz se prenda una especie de ventilador que salpique como nunca antes a algunos altos mandos de esa institución. Varios militares temen a esta hora que Ruiz se convierta en el Santiago Medina de este proceso”.


Lo cierto es que durante un tiempo el hombre fue prófugo de la justicia, hasta que fue ‘cazado’ en un apartamento de Cedritos, al norte de Bogotá. Pero el 20 de mayo de 2003 fue absuelto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, sentencia que fue apelada por la Fiscalía y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá.


Dicha absolución trajo como resultado un nuevo empantanamiento de la investigación, que ha servido para que surjan versiones amañadas, que una vez más intentan desviar la atención sobre los verdaderos culpables del crimen. Así las cosas, las acusaciones de alias ‘Rasguño’ contra Ernesto Samper y Horacio Serpa parecen inscribirse en este contexto, y en esa medida formarían parte del mismo complot.


Las conclusiones aportadas por Semana en el citado informe no han sido desvirtuadas, por lo que convendría repasarlas para sorprenderse con los verdaderos alcances de la impunidad en Colombia, sobre todo cuando se trata de magnicidios catalogados como “crímenes de Estado”:


http://www.semana.com/noticias-nacion/complot/35582.aspx

domingo, 10 de enero de 2010

Una verdadera oleada de indignación

Especial para Un Pasquín

Un editorial reciente de El Tiempo llama la atención, porque se advierte la encrucijada que en esa Casa Editorial viven entre hacer buen periodismo y a la vez no dejar de agradar al gobierno que quiere –pero no ha podido- entregarles un canal de televisión para ellos solos. El editorial se titula Cine de ficción, fue publicado este jueves 8 de enero de 2010 y comienza así: “Una verdadera oleada de indignación ha generado en el país la presentación de un documental hecho por realizadores argentinos y presentado en Buenos Aires a mediados de noviembre pasado, pero de cuya existencia no se supo hasta esta semana”.

Se referían al video que muestra a integrantes de las Farc dedicados cual pacíficas palomas a sus cultivos “farianos”, en lo que constituye un material de propaganda barata, sin conexión con la verdadera realidad que vive esa agrupación guerrillera. Pero lo increíble no es esto, sino que todo un equipo de periodistas argentinos haya podido burlar la férrea Seguridad Democrática y permanecer con los guerrilleros varios días y salir por la misma puerta que entraron, sin despertar sospechas. Toda una operación temeraria, de película.

De cualquier modo, esta disertación no apunta hacia allá, sino a mostrar cómo en El Tiempo vieron “una verdadera oleada de indignación”, que nadie más vio. Oleada de indignación si al menos se hubiera presentado una marcha –por pequeña que fuere- de repudio, digamos. Es cierto que hubo editoriales de otros medios condenando esa producción mentirosa, y que partidos y políticos de variadas tendencias expresaron su rechazo, pero una verdadera oleada de indignación sólo se vio en el magín del editorialista, visión ésta complaciente –eso sí- con las expectativas del Gobierno.

Según Wikipedia, la propaganda política consiste en “el lanzamiento de una serie de mensajes que busca influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta”. Propaganda, por citar un ejemplo, fue la que utilizaron Adolph Hitler y su ministro Joseph Goebbels para convencer al pueblo alemán de la necesidad de aniquilar al pueblo judío. En ese contexto, propaganda lo es tanto el video aludido de las Farc, como este titular que apareció cual rocío bienhechor en todos los medios durante la Navidad: “Colombia recuperó la senda de disminución de la miseria”. Es una frase textual del presidente Uribe, uno de los más grandes genios que ha dado la humanidad en el uso de la propaganda política. Esa frase encierra una enorme mentira, pues todas las estadísticas –incluidas las oficiales- muestran que hoy hay más colombianos por debajo del índice de pobreza que en años anteriores.

Eso lo saben los de El Tiempo –y los de otros medios- pero ninguno asume ante la mentira oficial una posición crítica, como lo sería si, parodiando su editorial, alguien se expresara así: “Una verdadera oleada de indignación ha generado en el país la versión difundida por el presidente Uribe, según la cual ‘Colombia recuperó la senda de disminución de la miseria’, cuando todos los indicadores muestran que en los últimos siete años ha ocurrido precisamente lo contrario”. Eso sería periodismo responsable.

Otro acierto de la propaganda oficial consistió en que lograron colar la expresión “falsos positivos” en el imaginario colectivo (hasta la oposición la usa), para referirse a lo que en realidad fueron cerca de 1.800 ejecuciones extrajudiciales en persona indefensa. Según Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, “la expresión falsos positivos brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracteriza mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes con fines de lucro". Y agrega: “Las cantidades de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército”.

Es apenas comprensible que El Tiempo no vea nada sistemático, sino “abusos ocasionales de algunos de sus agentes”, cuando de por medio está proteger a quien sería responsable de esos hechos, su pariente el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Entre los más recientes –y brillantes- actos propagandísticos del presidente Uribe, está el que se dio durante una cumbre anual de mandatarios en Portugal, cuando abandonó Lisboa y se fue a visitar a la Virgen de Fátima “cojeando y apoyado en un bastón” (El Espectador, 29/11/09). Esas manifestaciones de devoción son de buen recibo en el electorado colombiano, de mayoría católica. Y a medida que se acerca la hora de conocerse el fallo de la Corte Constitucional sobre el referendo, abundan los actos y pronunciamientos puramente propagandísticos del Presidente, ceñido a su propio libreto.

Un medio que entusiasta acoge y practica la propaganda oficial –mucho más que El Tiempo- es el canal RCN. No es por calumniarlo que se le conoce como Radio Casa de Nariño, en la medida en que sus contenidos sesgados a favor del presidente Uribe son de todos conocidos, en una campaña de enaltecimiento que fácilmente se confunde con el culto a la personalidad. Pero no se vaya a pensar que estos servicios son gratuitos; ya sabemos dónde se halla hoy el ex director de Noticias de RCN, Álvaro García: en la embajada de Colombia en Argentina, el mismo país de donde se nos coló un equipo de periodistas (gol para García) y se llevó un extenso video con propaganda de las Farc que hoy le da la vuelta al mundo, y que puso en estado de crispación nerviosa a la Cancillería colombiana e inspiró a algunos editorialistas a escribir notas cargadas de indignación.

No se debe olvidar que la propaganda tiene sus inicios en la curia romana, que la utilizaba para difundir el mensaje religioso (propaganda fide), y que esa connotación religiosa sólo desapareció cuando comenzaron a usarla los regímenes totalitarios del siglo XX, como el nazismo alemán, el fascismo italiano y el estalinismo soviético. Hoy, en expresión sincrética, la propaganda política se nos presenta como un híbrido donde caben desde las más impúdicas manifestaciones de fervor religioso (como rezar el Rosario de rodillas después de la operación Jaque), hasta una de claro corte totalitario como dar la orden a la Policía para que en medio de un consejo comunal aprese a algún fulano.

Si lo que se demanda, entonces, es una verdadera oleada de indignación que enfrente el videíto ese de las Farc, todo indicaría que este gobierno –y El Tiempo, y RCN, y otros- están viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

jorgegomezpinilla@yahoo.es