viernes, 16 de noviembre de 2012

Un complot que se derrumba



En momentos en que llueven rayos y centellas de lado y lado por las acusaciones de Enrique Gómez Hurtado y su sobrino Enrique Gómez Martínez contra Ernesto Samper y Horacio Serpa en torno al asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez, el empresario Nicanor Restrepo en entrevista para El Colombiano hizo una especie de ‘confesión de culpa’ con gran valor histórico.

Allí reconoció lo que el hoy presidente de Colombia nunca ha aceptado, como fue que él (Nicanor) y su amigo Juan Manuel Santos conspiraron para buscar la renuncia de Ernesto Samper, en términos que define como de “conspiración democrática”, si es que tal figura es posible: “En la época de Ernesto Samper había un grupo al que llamaban ‘los conspiretas’, que eran unos personajes que estaban teóricamente conspirando: pero no era favoreciendo un golpe militar ni nada de eso. Era una conspiración democrática, pero al fin y al cabo una conspiración. Los paramilitares y las guerrillas harían un gran pacto de paz, que obviamente estaría avalado por el Estado. Las fuerzas de Policía y militares respetarían ese gran pacto y habría desarme y todas esas cosas de finales de los conflictos. A cambio de eso se producía un relevo en el gobierno”.

Esta revelación de todos modos no descarta la existencia de los conspiradores que sí estaban buscando un golpe militar para derribar al gobierno de Samper, y esto es precisamente lo que Enrique Gómez viene empeñado en desvirtuar (¿u ocultar?), tanto con su libro Por qué lo mataron (controversia Editorial, 2011) como mediante una campaña mediática orientada más a señalar a Samper y Serpa de haber sido los instigadores del asesinato, que a una búsqueda honesta de la verdad.

El fundamento más ‘sólido’ que tienen Enrique Gómez y su sobrino –constituidos en parte civil- es el testimonio que Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño', rindió desde una cárcel de Estados Unidos en 2010, y para cuya recepción viajaron hasta allá un fiscal; el procurador delegado para asuntos penales, Gabriel Jaimes (hombre de confianza del procurador Alejandro Ordóñez); y el abogado de la parte civil, Enrique Gómez Martínez. En reciente entrevista para El Tiempo, este último manifestó que “el conjunto de lo dicho por 'Rasguño' se ha venido confirmando casi en su totalidad en los últimos dos años”.

Una cosa muy diferente piensa la revista Semana, que basada en el mismo testimonio concluye que Rasguño “¡está loco!”, y para probarlo toma diversos apartes de la declaración y los contrasta con la realidad.  Aparte de lo anterior, el artículo citado repara en un hecho llamativo, como fue que en varios apartes del testimonio Gabriel Jaimes y Enrique Gómez “le sugieren nombres e incluso le corrigen fechas y datos a ‘Rasguño’ cuando éste se equivoca o no se acuerda”, como si lo estuvieran orientando para que se ciñera a un libreto acordado de antemano.

Otro aspecto llamativo de esa declaración –conocida en su integridad por Semana- es que allí ‘Rasguño’ la emprende por igual contra el exfiscal Alfonso Valvidieso (“que inició la investigación por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado y descubrió las pistas que señalaban a algunos militares como partícipes del magnicidio”), el exvicefiscal Adolfo Salamanca (“encargado de adelantar delicados procesos contra altos oficiales del Ejército y fuerte crítico de la impunidad de la justicia penal militar en casos de masacres”) y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez (“especialmente duro en las investigaciones contra los militares y en cuya fiscalía varios integrantes de la Brigada XX fueron arrestados por diversos crímenes, entre otros el magnicidio de Álvaro Gómez”).

Traigo a colación esta triple coincidencia porque es sabido que en torno al asesinato de Gómez Hurtado la primera y más fuerte hipótesis apuntaba a la participación de militares de alto rango, supuestamente organizados para tal fin en torno al Grupo Cazadores de Inteligencia, con sede en Bucaramanga y dirigido por el coronel Bernardo Ruiz Silva, quien fue acusado y tuvo medida de aseguramiento pero se dio a la fuga, en lo que de entrada daría para pensar por qué huía un oficial que contaba con el apoyo del Ejército para probar su inocencia. Es sabido que el 20 de mayo de 2003 el hombre fue absuelto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, pero una fuente de la Fiscalía que prefirió la reserva de su nombre le dijo a este columnista que ese ente investigador “no ha enterrado del todo las hipótesis en torno a la eventual participación de oficiales retirados en el magnicidio”.

Volviendo al libro de Enrique Gómez Hurtado, su contenido evidencia dos propósitos básicos: uno, acusar a Samper y Serpa como instigadores del crimen, valiéndose del testimonio de ‘Rasguño’; y dos, ejercer durante más de 50 páginas una defensa oficiosa del estamento castrense, para concluir que “desde la Fiscalía y otras instituciones se desvió la investigación para encubrir a sus verdaderos autores”.

Tan débil y exento de valor probatorio está resultando el testimonio arriba citado, que al cuestionamiento de Semana se suma ahora un informe de RCN Televisión que da cuenta de la existencia de una carta, escrita a puño y letra por el mismo ‘Rasguño’, en la que el capo revela su propia intención de hacer el montaje probatorio para incriminar a Samper, a Serpa y a la Policía en el magnicidio, según “el reciente testimonio de un reconocido abogado”.

La carta en mención hablaría de los planes que Carlos Castaño le comunicó a ‘Rasguño’ a mediados de 1999, en una reunión en Montería, en la que además de ellos dos estuvieron un abogado y dos jefes de las AUC. Según RCN, esa reunión le fue confirmada a la Fiscalía por uno de los asistentes. El plan del extinto jefe paramilitar sería el de desviar la investigación y proteger a un alto oficial del Ejército, para lo cual le habría dado instrucciones a ‘Rasguño’ de decir (y el texto entre comillas corresponde a lo que él mismo habría escrito) que “al doctor Álvaro Gómez Hurtado lo habían matado por orden del doctor Ernesto Samper y por orden del doctor Horacio Serpa; que don Orlando Henao había ido a una reunión con ellos dos, y que yo había estado en la reunión también... Castaño seguía en su propósito de que eso había que contárselo al país y que había que hacer una rueda de prensa, llamar periodistas de Bogotá, y que yo tenía que contar que eso había ocurrido”.

Faltaría por dilucidar si tanto el libro de Enrique Gómez como su campaña mediática y las declaraciones de ‘Rasguño’ responden al mismo propósito, pero lo que comienza a develarse haría pensar que hay fuerzas muy poderosas –y oscuras, por supuesto-, que desde la extrema derecha vienen trabajando en forma coordinada para ocultar los verdaderos móviles y autores del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

Twitter: @Jorgomezpinilla

martes, 6 de noviembre de 2012

El poder, ¿para quién?



La lucha por el poder en Colombia presenta hoy dos facetas distintas, aunque no del todo antagónicas: por un lado las FARC versus el gobierno colombiano, y por otro lado Álvaro Uribe versus Juan Manuel Santos.

En el primer caso se trata de lo que se presume será una encarnizada negociación, mediante la cual la guerrilla más vieja del mundo tratará de conquistar la mayor cuota de poder político y administrativo a cambio de dejar las armas, mientras que en el segundo caso el expresidente Uribe enfoca sus esfuerzos tanto a torpedear el proceso de paz, como a conquistar en las próximas elecciones legislativas el mayor número posible de senadores y representantes, con miras a la reconquista del poder.


En lo referente a las negociaciones hacia una paz eventual, el mismo día en que estas iniciaron en Oslo (Noruega) el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle Lombana, fue enfático en que el modelo de desarrollo no está en discusión. Es cierto que las partes ya se pusieron de acuerdo en torno a una agenda que comprende cinco puntos básicos, pero no sobra advertir que el primero de estos se titula precisamente “Política de desarrollo rural”, de modo que si el modelo de desarrollo agrícola –para el caso que nos ocupa- no formara parte de las conversaciones, los miembros de las Farc vendrían  a ser una especie de invitados de piedra.

Así las cosas, en lo que sí se debe brindar claridad es en que la propiedad del poder no estará en discusión, pues resulta iluso pensar que al término de las negociaciones una parte de los ministerios –o cierta cantidad de institutos descentralizados- pasarían a ser manejados por la guerrilla. Hace 50 años un grupo de campesinos idealistas, aunque nutridos en las canteras ideológicas del marxismo leninismo, decidió armarse para tomarse el poder por la vía revolucionaria, ante el convencimiento de que por la vía democrática era imposible lograr los cambios que anhelaban.

Quizá cuando más cerca estuvieron de lograrlo fue en los días anteriores a las conversaciones de El Caguán, cuando un Estado golpeado por contundentes golpes militares accedió a despejar miles de kilómetros cuadrados para lo que se suponía serían unas conversaciones de paz, durante las cuales ese grupo creyó que había alcanzado el cielo con las manos, sin comprender que con su prepotencia delirante estaba sembrando la semilla de su propia destrucción, encarnada en una némesis que llevó por nombre Álvaro Uribe Vélez.

Fue precisamente justificado en continuar la guerra contra las Farc que Uribe consiguió extender a ocho años su gobierno, y no contento con ello quiso cambiar de nuevo la Constitución para completar doce. Pero ocurrió lo que sus cálculos no contemplaban, como fue que ante la negativa de la Corte Constitucional de prolongar su mandato pretendió imponer como sucesor a su exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, hasta el día que los enredos de Agro Ingreso Seguro se le convirtieron en la cuota inicial de su propia hecatombe.

Y es entonces cuando aparece en escena Juan Manuel Santos con sus finas maneras bogotanas, para convertirse en lo que hoy representa, por un lado el presidente que al frente del Estado colombiano encabeza las negociaciones con las Farc, y por otro en el hombre que cometió la herejía de buscar la paz por la vía del diálogo, en abierta contradicción con los postulados de quien había sido su mentor y jefe.

Retomando el planteamiento inicial de la lucha por el poder, no deja de constituir llamativa paradoja que hoy Santos deba lidiar por igual con las Farc y con Álvaro Uribe,  en irónica constatación de que los extremos se juntan. De modo que su suerte política está indisolublemente ligada a estos dos factores, pues es un hecho incontrovertible que un eventual fracaso del proceso de paz significaría el regreso triunfal de Álvaro Uribe al poder (si bien en cuerpo ajeno), mientras que si se consolida en La Habana un acuerdo que le abra las compuertas a la reconciliación nacional, de ahí en adelante el expresidente de la Seguridad Democrática pasaría a jugar un papel secundario (e incluso terciario) en la política nacional.

Es con base en lo anterior que los comandantes de las Farc deben sopesar la inmensa responsabilidad que les cobija: a sabiendas de que se les han cerrado todas las posibilidades de conquistar el poder por la vía de las armas, ahora se les presenta la oportunidad dorada de demostrarle al país que su más enconado enemigo estaba equivocado, en cuanto a que la única manera de acabarlos era mediante la confrontación militar.

Twitter: @Jorgomezpinilla